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La Comisión ha recibido y recabado información preocupante sobre los hechos ocurridos durante las marchas llevadas a cabo el 12 de febrero en Venezuela, tanto de autoridades del Gobierno Venezolano como de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, la CIDH ha tomado conocimiento sobre los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones, en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
De acuerdo a cifras ofrecidas por la Fiscal General de la República, un total de 66 personas habrían resultado heridas en las protestas a nivel nacional. De acuerdo a cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país, y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares.
En este contexto, la CIDH también fue informada sobre la supuesta retención de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de la organización no gubernamental (PROVEA), en horas de la noche del mismo 12 de febrero por supuestos funcionarios del SEBIN. De acuerdo a lo denunciado por PROVEA, el señor Rodríguez habría sido trasladado a un sitio desconocido al Oeste de Caracas, donde habría sido golpeado por personas uniformadas de negro, quienes le habrían interrogado sobre sus actividades dentro de la organización y le habrían amenazado de muerte a él y a su familia. Luego de aproximadamente dos horas, el señor Rodríguez habría sido liberado, tras ser despojado de sus pertenencias y ser amenazado de no presentar una denuncia por estos hechos.
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