“Los fiscales no fijan las penas solo proponen lo que está en el Código”

PABLO SÁNCHEZ VELARDE. TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO.–COMO TITULAR DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN (CAN), ¿EN QUE DEBERÍAN INCIDIR LOS PLANES DE GOBIERNO DE QUIENES ASPIRAN A LA PRESIDENCIA Y A INTEGRAR EL PRÓXIMO CONGRESO DE LA REPÚBLICA?

Entrevista. El problema de la desproporcionalidad de las sentencias observado en los procesos inmediatos por flagrancia requiere de la revisión urgente del Código Penal, pues cualquier otro cambio resultará insuficiente, sostiene el fiscal de la Nación.

2/3/2016

María Avalos Cisneros mavalos@editoraperu.com.pe

¿Cómo avanza la política de modernización institucional dispuesta al inicio de su gestión?

–Nuestro objetivo es avanzar en el ámbito administrativo con la agilización del procedimiento interno de la fiscalía en temas de informática y la Data Center, pero eso exige más recursos. Es necesario también mejorar todo el sistema del Instituto de Medicina Legal, que la verdad tiene muchos problemas. La Morgue de Lima requiere de mucho apoyo, pero al ser un local donado, que en dos años vencerá la sesión en uso, no podemos invertir a lo que se añade las dificultades propias de su antigüedad.

–Usted aseguró una lucha sin tregua contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Qué resultados puede compartir?

–Se ha procedido a instruir a los fiscales especializados para que agilicen las investigaciones y culminen con las acusaciones, y si es posible con sentencias. Las investigaciones conocidas como Orellana, la Centralita, Belaunde Lossio, son casos complejos, que quizá tome más tiempo, pero se está actuando con la mayor seriedad para, si se acusa, hacerlo con las pruebas pertinentes. He pedido celeridad pero también objetividad, que es lo que espera la colectividad. Confío en que este año, a mediados, algunos casos estén con acusación escrita, para que el Poder Judicial cumpla su papel en el sentido de dar dirección de los juicios orales.

–La judicatura expresó hace poco su decisión de plantear reformas al tema de los procesos inmediatos. ¿Esto también les preocupa?

–El D. Leg. 1194 le da fuerza a una institución que ya existía antes, que era la flagrancia bajo el proceso inmediato, o a la inversa, fortalece el proceso inmediato en el punto de la flagrancia. Me explico, el proceso inmediato es un proceso especial previsto en el NCPP y funciona bajo tres supuestos, esto es, cuando el sujeto confiesa el delito, existen pruebas suficientes para la actuación penal; y, por flagrancia delictiva.

–¿Qué hizo esta norma?

–Generar un procedimiento rapidísimo solo para estos casos, lo cual exige que el fiscal pueda accionar y solicitar al juez un proceso inmediato para poder juzgar lo más pronto posible. Esto ha ocasionado una mayor exigencia de la labor fiscal, en especial de las actividades del fiscal penal de turno, que ahora requiere de más apoyo pues en ocasiones se ha logrado registrar hasta más de 10 detenidos en un solo día, y por cada ocurrencia debe prepararse todo un expediente para sustentarlo ante el juez.

¿La opinión pública considera que existe una desproporcionalidad en las penas?

Diría que en el caso de la señora que agredió a un policía, la fiscalía solo pidió lo que la ley señala, de 8 hasta 12 años, no menos. Y si la pena fue elevada para la opinión pública, es porque así lo señala la ley.

–¿Y no es posible atender los principios de proporcionalidad y razonabilidad?

–Claro, siempre y cuando se lleve a cabo el juicio oral. Aquí, el juez incluso de oficio estaría en la posibilidad de aplicar el principio de proporcionalidad. Nosotros, los fiscales, no fijamos las penas, sino proponemos las que el código señala.

–¿Aportarán al proyecto que prepara la judicatura?

–Estamos llanos a colaborar por tratarse de un tema de política contra el crimen, pero el problema va más allá. No se puede actuar bajo una política del golpe por golpe, sino que esta debe ser integral, revisar todo el código para generar penas proporcionales al daño, porque está clarísimo que no hay proporcionalidad.

–¿Ir al Código Penal?

–Sí debe revisarse todo lo referente a las penas. Aunque es bueno decir que este código tiene cerca de 600 artículos y ha sufrido más de 700 cambios. La decisión es del Congreso.

–La aplicación progresiva del Nuevo Código Procesal Penal permite identificar aciertos y debilidades. ¿Qué anotaría de estos últimos?

–Aquí se debe incidir en la mayor coordinación entre fiscales y policías, que es un tema operativo. Aun no llegamos a un punto, digamos de conjunción y de adopción de responsabilidades en el trabajo de investigación y a veces se evidencia una precaria coordinación. Falta más apoyo logístico y capacitación a los abogados al igual que de la propia policía. Nosotros hemos creado especialidades como del crimen organizado y no hay policías para ello. La aplicación del código no solo es para ver casos de delitos comunes, sino también complejos, lo cual requiere que tanto la Fiscalía como la Policía y los jueces estén debidamente capacitados en las técnicas de investigación criminal; y ahí se debe trabajar bastante.

Compromiso contra la corrupción

–En este tema nos han dicho de todo y eso me parece una visión equivocada o quizá por algún resentimiento que pueda existir. Se debe potenciar a las instituciones, no debilitarlas. Es por eso que en la Fiscalía nos gustaría escuchar que se incrementará el presupuesto, más apoyo al sistema de pericias, potenciar la capacitación, entre otros. De eso, se dice poco. Sin duda, en este tema debe existir una manifestación más clara y firme de todos, porque no solo es tarea de la CAN sino de todas las instituciones y apuntamos a que el Gobierno y el Congreso que llegue al poder ayuden sinceramente en esta lucha de forma fuerte y firme contra todo acto de corrupción, venga de donde venga. Entonces hay que dar buenas leyes, aplicar con celeridad los casos, sentenciar mejor y trabajar más en prevención.

Elecciones

–¿Qué coordinaciones han iniciado sobre la actuación fiscal en las elecciones generales del próximo 10 de abril?

–Se ha coordinado con el JNE y la ONPE para efectos de que en días previos a las elecciones, el mismo día y al siguiente, participen los fiscales de prevención y penales en los actos o manifestaciones que se puedan suscitar.

Incluso se ha convenido en que si se produce un caso de delito flagrante en plenas elecciones, pues se aplicará la Ley de flagrancia. En esa fecha, nadie podrá ser detenido, salvo por flagrancia.

Fuente: El Peruano